Hoy, 26 de junio, desde el centro del Raval, nos unimos al grito global de Support Don’t Punish. No lo hacemos desde la distancia, sino desde casa: porque en Cataluña somos muchas las que usamos sustancias y seguimos resistiendo la criminalización y el castigo sistemático. En este momento en que nos estamos acostumbrando a que casi a diario se anuncie la pérdida de derechos, ahora más que nunca nos toca ser comunidad y cuidarnos.
Estamos en un contexto de auge global de la extrema derecha, que gotea directamente en nuestros barrios en forma de aporofobia, machismo, racismo, clasismo y criminalización de la diferencia. Vemos las redes normalizando discursos de odio que antes se rechazaban. Ahora se toleran, se aplauden, se integran en nuestra cotidianidad. Cada vez es más fácil señalar, expulsar, condenar. Y cada vez es más difícil vivir si no encajas en la norma productiva, patriarcal, consumidora, blanca y normativa.
En 2024, más de 600.000 personas murieron en el mundo por causas relacionadas con las drogas. En Estados Unidos, las políticas de odio y represión impulsadas por Trump estiman decenas de miles de muertes más. Aquí seguimos gritando que habitar y dormir en la calle mata.
No son condiciones que podamos seguir aceptando: 84 personas murieron en la calle este año en Barcelona; muertes que no pueden ser normalizadas, ni asumidas, ni negociables. Son muertes evitables: no son accidentes, son el resultado de decisiones políticas.
Aquí también estamos sintiendo este impacto. El Plan Endreça se nos presentó como un plan de orden, pero lo que ordena es la expulsión. Más policía. Más multas. Más acoso. Más control sobre nuestras vidas.
Hace unos días presenciábamos el anuncio del cierre de los clubes cannábicos —ejemplo de autogestión y reducción de daños— que se están enfrentando a una campaña de desprestigio por parte del Ayuntamiento, a pesar de ser un modelo reconocido en todo el mundo. Y ya sabemos quiénes están en la fila de cuerpos que quieren invisibilizar: sin papeles, putas, locas, racializadas, migradas, trans, violentadas, las silenciadas…
Barcelona fue una ciudad pionera en reducción de daños. Pero aquello que nació del activismo, de la calle, de la lucha de quienes no podían esperar más, ha sido domesticado por las lógicas de control. Hoy vemos cómo esta institucionalización y profesionalización vacía de fuerza política nuestra lucha. Y si no nos adaptamos, nos cierran. Lo hemos visto en Reus, con el cierre de La Illeta: un espacio que no era un simple recurso asistencial, sino un lugar donde se tejían vínculos reales, donde lo social y lo sanitario se daban la mano por un objetivo común. Un espacio creado por y con personas que usan drogas, que hoy se desmantela como si este modelo no fuera válido. El cierre de La Illeta no es una excepción, es una advertencia: cuando la reducción de daños se instrumentaliza sin proteger su raíz política y comunitaria, también se vuelve descartable.
¿Cuántos espacios más clausurarán hasta que no quede ninguno? La reducción de daños es acompañamiento, son derechos, pero mientras el punitivismo, la patologización y la criminalización sigan vigentes, la reducción de daños solo puede ser una respuesta colectiva.
