Este texto original del Blog del IDPC, en inglés, fue amablemente traducido por Julio Rey y luego compartido por les colegas de RESET – Política de Drogas y Derechos Humanos en su página de Facebook. Recogemos la traducción en íntegro con pequeños cambios editoriales.
Hoy, 21 de marzo, Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial, recordamos el marco histórico, político y social desde el cual los gobiernos se esfuerzan por lograr el ambicioso objetivo de «una sociedad internacional libre de abuso de drogas». Esta búsqueda costosa y fútil de un mundo «libre de drogas» ha dejado un rastro de destrucción y sufrimiento humano de proporciones inimaginables durante el último medio siglo. Las medidas draconianas de aplicación de la ley han impactado desproporcionadamente a las personas marginadas de la sociedad, las personas pobres, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas socialmente desfavorecidas debido a su estatus migratorio, orientación de género, etnia o raza.
Resulta imposible sobreestimar las graves injusticias raciales de los esfuerzos de control de drogas en todo el mundo, objeto de una atención creciente. En 2019, un grupo de expertos de la ONU sobre personas afrodescendientes señaló que «la guerra contra las drogas ha funcionado más eficazmente como un sistema de control racial que como un mecanismo para combatir el uso y el tráfico de narcóticos». La aplicación de las leyes de drogas ha llevado a encarcelamientos masivos, arrestos y detenciones arbitrarias y una brutalidad policial devastadora, cuyo impacto ha recaído desproporcionadamente sobre las personas no blancas en todo el mundo. Toda esta represión ha tratado de eliminar el tráfico ilegal de drogas, sin embargo, año tras año, los propios datos de la ONU muestran un mercado global cada vez mayor, diversificado y robusto.
En los Estados Unidos, las personas negras son encarceladas a un ritmo cinco veces mayor que las personas blancas con casi la mitad condenadas por delitos relacionados con drogas. En el Reino Unido, las personas negras son ocho veces más propensas a ser detenidas y registradas que las blancas, mientras que en Río de Janeiro, Brasil, el 80% de las personas asesinadas por la policía son negras. El impacto de estas políticas y prácticas policiales racistas sobre las comunidades indígenas lamentablemente ha recibido poca atención hasta la fecha. En Australia, las personas indígenas tienen entre 15 y 20 veces más probabilidades de ser encarceladas que las no indígenas. Mientras que en Canadá, a pesar de ser constantemente elogiado por seguir a Uruguay en la regulación legal de los mercados de cannabis, el derecho penal continúa perjudicando desproporcionadamente a las comunidades negras e indígenas con índices similares a los de Estados Unidos.
Si bien las políticas represivas de drogas han armado al estado contra las comunidades no blancas, es lamentablemente crucial recordar que, en parte, fueron diseñadas precisamente con ese fin. Los vestigios del colonialismo y el racismo permanecen integrados en el sistema de control de drogas de la ONU hasta el día de hoy. En medio del creciente clamor de las protestas antirracistas en todo el mundo y el derrumbe de monumentos del colonialismo y la supremacía blanca, es hora de examinar detenidamente las raíces racistas y culturalmente imperialistas de la llamada «guerra contra las drogas» y exigir medidas de corrección y reparación.
Las sustancias psicoactivas han sido ampliamente utilizadas por los humanos en todo el mundo durante milenios. En África precolonial y gran parte de Asia, el cannabis se cultivaba, comercializaba y utilizaba como medicamento. La planta tiene un papel sagrado en las religiones rastafari, sufí e hindú, y sus usos medicinales se mencionan en el Canon de Medicina de Avicena, que fue un texto médico de referencia en Europa hasta bien entrado el siglo XVIII. La hoja de coca es venerada entre los pueblos indígenas de la región andino-amazónica, cuyo culto a la planta de coca es fundamental para su cultura y espiritualidad. Mientras que la adormidera tiene una historia centenaria como medicina tradicional y para uso ceremonial en Asia y Oriente Medio.
Inicialmente, los intereses coloniales en muchas partes del mundo veían estas plantas como productos importantes para enriquecer sus arcas. En particular, las potencias coloniales británicas, francesas y holandesas llevaron a cabo un comercio lucrativo produciendo opio, coca y cannabis para su exportación en sus colonias en India, Birmania, Indonesia, Marruecos y Argelia. Los británicos ganaron la Guerra del Opio de 1840-42 y la victoria les permitió exportar opio sin restricciones desde la India británica a China. Gran Bretaña resistió las primeras discusiones sobre la prohibición del opio en su lucha por proteger su rentable comercio de opio.
Sin embargo, el movimiento anti-opio respaldado fuertemente por los Estados Unidos, que tenía intereses económicos en debilitar el dominio político y económico de Europa en Asia, finalmente tuvo éxito en sentar las bases de un sistema global de control de drogas. El racismo también jugó un papel clave en el impulso de la prohibición, ya que sustancias como el opio y el cannabis se asociaron con inmigrantes chinos y mexicanos y con afroamericanos, mientras que la cocaína fue vinculada a los hombres negros, quienes según la propaganda del gobierno estadounidense, seducían a las mujeres blancas o devenían violentos bajo su influencia.
Después de la descolonización, los países recientemente independientes no tuvieron el poder de sus colonizadores para luchar contra el brazo fuerte de los Estados Unidos en su búsqueda para instituir la prohibición global. El régimen de control internacional de drogas resultante buscó erradicar las prácticas tradicionales con flagrante desprecio por los derechos humanos de los pueblos indígenas. Los tratados de la ONU, negociados con las tácticas avasalladoras de las superpotencias mundiales de la posguerra, obligaron a los países a criminalizar y erradicar plantas que habían sido la piedra angular de las tradiciones espirituales y curativas de las comunidades locales durante siglos. Un legado que hasta el día de hoy no ha sido rectificado.
El racismo y el imperialismo han impregnado los argumentos a favor de la prohibición desde el principio y han reforzado el control de las drogas como instrumento de represión y opresión. Los registros muestran que las sucesivas conferencias internacionales sobre política de drogas a principios del siglo XX fueron negociadas predominantemente por hombres blancos, quienes decidieron que las plantas psicoactivas que usaban las personas no blancas deberían estar prohibidas, al tiempo que bebían coñac y fumaban cigarros. Incidentalmente, los países productores de vino en Europa resistieron fuertemente los esfuerzos por crear un acuerdo internacional para controlar el alcohol, revelando tanto el doble rasero de los arquitectos del control global de drogas como las constantes inconsistencias en la clasificación y fiscalización de drogas dañinas.
Estigmatizar ciertas sustancias y representar su uso como un comportamiento desviado ha servido para diabolizar, deshumanizar y marginar a las comunidades que las usan. Este enfoque justifica el uso de castigos severos contra ciertas comunidades que ciertos intereses particulares buscan oprimir. John Ehrlichman, Asistente de Asuntos Domésticos de Nixon, admitió francamente esta táctica en 1994:
“La campaña de Nixon en 1968, y la Casa Blanca bajo Nixon después de eso, tuvieron dos enemigos: la izquierda contra la guerra y los negros. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Sabíamos que no podíamos hacer ilegal estar en contra de la guerra o ser negro, pero al hacer que el público asocie a los hippies con marihuana y a los negros con la heroína, y luego criminalizar a ambos fuertemente, podríamos trastocar esas comunidades. Podríamos arrestar a sus líderes, allanar sus hogares, disolver sus reuniones y vilipendiarlos noche tras noche en las noticias. ¿Sabíamos que estábamos mintiendo sobre las drogas? Por supuesto que sí».
Esta estrategia se ha empleado en todo el mundo para dañar y reprimir a grupos étnicos minoritarios y disidencia política.
Los desarrollos recientes en el control de drogas han incluido una tendencia hacia la regulación del cannabis, lo que representa una ruptura con el régimen prohibicionista del siglo pasado. Uruguay, Canadá y muchos estados de Estados Unidos han implementado mercados legalmente regulados para el uso adulto de cannabis. Mientras que varios países de Asia y África han comenzado a considerar permitir el cannabis medicinal para uso doméstico, así como la producción para su exportación. El atractivo económico de la participación en el floreciente mercado mundial de cannabis, que se espera tenga un valor de USD 166 mil millones para 2025, es ahora demasiado fuerte para ser resistido. Desafortunadamente, estos desarrollos apenas han beneficiado a aquellos que han sufrido la peor parte de la guerra contra las drogas. La industria mundial del cannabis es propiedad, en gran parte, de empresas con sede en el Norte Global. Los pequeños agricultores tradicionales que han producido cannabis ilegalmente bajo la prohibición en el Sur Global ahora se ven excluidos del mercado legal. En los Estados Unidos, Solo el 4% de las empresas de cannabis son propiedad de afroamericanos, mientras que Canadá se ha resistido a eliminar los antecedentes penales de las condenas anteriores por cannabis, a pesar de abrir el mercado recreativo para adultos a la gran industria.
Un golpe de timón que nos aleje de la prohibición es urgente. Sin embargo, sería una farsa si estos desarrollos consolidaran aún más los desequilibrios de poder y privilegios poscoloniales. El camino para levantar las prohibiciones de drogas debe buscar reparar los daños que décadas de prohibición han infligido sobre las comunidades marginadas, y en particular a las personas no blancas. Los gobiernos deben despenalizar el uso de drogas y el cultivo de plantas prohibidas, garantizar el pleno respeto de los derechos indígenas y desinvertir en la policía y las cárceles. La justicia social debe ser un principio central de las iniciativas de regulación legal. Es hora de descolonizar las políticas de drogas.
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